Un etarra condenado por pertenecer al aparato logístico-militar de ETA trabaja en un instituto de Navarra

Fue condenado a 8 años de prisión por su acción en el aparato logístico-militar desde comienzos de 2010 y hasta su arresto en la ciudad de Albi el 26 de junio de 2012

Aula de un colegio
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Cristina Ibarrola opina sobre el etarra que está de docente en un instituto navarro

Javier Pérez-Nievas

Tudela - Publicado el - Actualizado

2 min lectura

Una pregunta solicitando información en el Parlamento de Navarra ha generado “indignación” entre las familias de un centro escolar al descubrir que un docente que se ha incorporado recientemente fue condenado a 8 años de prisión por pertenecer al aparato logístico-militar de ETA.

La pregunta se creó el pasado 13 de enero. Ahora mismo está en tramitación y está pendiente de contestación. El parlamentario de Unión del Pueblo Navarro, Pedro González Felipe, ha sido quien ha realizado la solicitud de información.

Según ha podido saber COPE, se trata del Instituto Valle del Ebro, que está ubicado en Tudela, en el que trabaja José Javier Oses Carrasco, quien fue detenido en junio de 2012 en Albi (Francia), localidad a la que había huido. Fue condenado a ocho años de prisión por pertenecer al aparato logístico-militar de ETA.

Al tratarse de un centro de la red pública de Navarra, el instituto no es quien le contrata, sino que es el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra quien adjudica la plaza siguiendo el orden de las listas que tiene de personal.

NOTA DE UPN

UPN ha mostrado su “absoluto rechazo” por la contratación de un condenado por pertenencia a la banda terrorista ETA como profesor en el IES Valle del Ebro de Tudela. “Nos parece un despropósito total que una persona que ha sido condenada por vinculación con acciones terroristas esté impartiendo clase en un instituto de la red pública de Navarra”, han denunciado. “Su pasado le inhabilita moral y éticamente para impartir docencia y ser responsable del desarrollo educativo de personas jóvenes”, han añadido.

Los regionalistas se han comprometido “a presentar iniciativas para modificar la normativa de acceso a la función pública con el fin evitar que se repitan situaciones como esta y para que personas que hayan formado parte de una banda terrorista no puedan dedicarse a la docencia”.

Desde UPN, al tener conocimiento de lo sucedido, la semana pasada se solicitó información al Departamento de Educación sobre la situación de esta persona en las listas de contratación, de los contratos anteriores que haya podido tener y de los centros educativos en los que ha trabajado.

Herrera en COPE

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