José Antonio Zarzalejos valora el plan de vivienda del PP: "Son medidas rápidamente ejecutables y muy incisivas"

Este lunes, en su 'Sexto Sentido', José Antonio Zarzalejos pone el foco en la situación política y social en España está adquiriendo tonalidades tan graves como nunca en décadas. 

Las medidas del PP EN MATERIA DE VIVIENDA

"Feijóo y el PP deben apostar más por proponer que por refutar, aunque hacerlo sea también necesario. El ejemplo es la declaración de Asturias de ayer, especialmente sobre vivienda, que es una competencia, en lo fundamental, autonómica. Las medidas a las que se compromete el PP son rápidamente ejecutables y muy incisivas. Reducir el Impuesto de Transmisiones que grava la compraventa es una cuestión decisiva.

Este tributo de gestión autonómica oscila entre 6% del precio de la vivienda (por ejemplo, en Madrid o Melilla) al 13% (en Baleares). Una barbaridad. Las comunidades del PP se comprometen a reducirlo a un tipo general del 4%. También se comprometen a liberar suelo municipal y autonómico (el banco de suelo del Estado en menor) para construir vivienda de protección oficial. Y ampliarán a 40 años el límite para acceder a los avales hipotecarios.

Hace falta también, como se apunta en la declaración, proteger a los propietarios con seguros de impago y asistencia jurídica, derogar la ley de Vivienda vigente que no ha dado resultado alguno y aligerar burocracia. Y acabar con la ocupación. 

El poder territorial del PP en esta materia es un instrumento de respuesta a las políticas erráticas del Gobierno y hay que celebrar que sus responsables, con Feijoo a la cabeza, hayan pasado de las palabras a los hechos. 

Y que se hayan adelantado a las medidas que presenta hoy el Gobierno que va casi siete años tarde y bajo cuya gestión la vivienda se ha convertido en el problema que más inquieta a los españoles. La alternativa se hace con propuestas, marcando agenda, sin ir a rebufo del relato de la Moncloa o de Ferraz

La proposición de ley del PSOE sobre la acusación popular

"La denominación de esa proposición de ley es falsa de toda falsedad. Ya habéis comentado su propósito: tratar de que se archiven los procedimientos penales contra Begoña Gómez y David Sánchez y afectar a la tramitación de otros que conciernen al Gobierno. 

¿Qué hacer? Pues lo mismo que las oposiciones húngara y polaca que llevaron las reformas judiciales a la Unión Europea. Esta proposición del PSOE es autocrática, propia de un Orban, de un Kaczyński. El Tribunal Europeo de Justicia tumbó la reforma judicial polaca en 2023 y la Comisión congeló en 2022 hasta 6.300 millones de los fondos europeos a Hungría por atacar la independencia judicial.

El grupo popular europeo debe denunciar a Sánchez procurándole el mismo tratamiento que a un Orban o un Kaczyński y catalogarlo como a ellos: dirigentes iliberales y autócratas. 

El secretario general del PSOE ha rebasado con esta iniciativa, que es muy improbable que prospere, todas las líneas rojas. Hay que internacionalizar -y eso lo debe hacer el PP- la deriva autoritaria de Sánchez y denunciar el control sobre el Tribunal Constitucional. 

Ya se ha comprobado que la llamada mayoría de la investidura está bloqueando el Estado de Derecho. Pues a Europa, a dar carta de naturaleza, a demostrar cómo es cien por cien cierto, el titular de la revista británica The Economist que el pasado mes de octubre decía así: “Pedro Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia española”.

reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya en trámite, se pretende cambiar el modelo del proceso penal para que sea los fiscales y no los jueces quienes instruyan los procesos.

"Así es, pero los informes ya emitidos al anteproyecto de ley por el Consejo General del Poder Judicial y por el Consejo Fiscal advierten de que antes de ese posible cambio hay que reformar de arriba abajo la fiscalía y su regulación, la independencia del fiscal general, ahora en ruina total, dar un vuelco, en definitiva, al ministerio público. Es impensable, aunque Sánchez, el PSOE y sus socios lo desean

ardientemente, que se modifique el modelo del proceso penal en el que el juez instruye y bajo cuyas instrucciones la policía -la policía judicial- investiga los casos valiéndose de unidades especializadas (la UCO y la UDEF).

Además, en los informes sobre el Estado de Derecho español emitidos por la Unión Europea la advertencia de que debe garantizarse, porque ahora no lo está, la autonomía del fiscal general, son reiterados y taxativos. Se está produciendo una auténtica ofensiva contra el poder judicial, contra los medios y, todavía no sabemos en qué grado, contra la Corona. Y todo ello, en el desgobierno más ineficaz. Necesitamos, urgentemente, eficiencia en la atención a las necesidades sociales y verdadera democracia constitucional. La situación está derivando en insoportable"