Intelectuales contra las leyes educativas del Gobierno

Ha sido una de las mayores apuestas por parte del Gobierno y a su vez también una de las normas más polémicas llevadas a cabo. Te hablo de la nueva LOMLOE, el octavo cambio legislativo en materia de educación desde la democracia y que es conocida como la “Ley Celaá”.

Hablamos de un modelo cuyo texto llegaba sin el más mínimo consenso y con el rechazo de gran parte de la comunidad educativa. Teresa, por ejemplo, es profesora de religión desde hace 13 años y considera que estas normas deben de ser consensuados por todos los protagonistas que forman parte de la educación de nuestro país.

En medio de una de las crisis más graves que ha sufrido España con la aparición de la pandemia, desde el Gobierno llevaron al Congreso la aprobación de esta nueva Ley. El proyecto de esta norma cogió un ritmo vertiginoso para llevar a cabo su tramitación parlamentaria y fue aprobada con 177 votos a favor. Es decir, tan solo uno más por encima de la mayoría absoluta.

Todas estas prisas por llevarla a cabo hacían pensar que los reales decretos que desarrollan la norma, es decir, que ejecutan la ley en las aulas, iban a aprobarse con celeridad. Pero no ha sido así. A principio de año el único decreto de enseñanzas mínimas que estaba aprobado en Consejo de Ministros era el de la etapa de Infantil. Sin embargo en el último mes también se han aprobado los de secundaria y bachillerato. Por eso quiero hablarte de Educación, de cómo se va a aplicar esta norma y de cuál es la opinión de los que más saben de esta materia. Hoy tratamos la Ley Celaá.

Y si hay una medida polémica que tiene esta ley es la dejar de considerar al castellano como lengua vehicular en las comunidades con un segundo idioma oficial. Para muchos supuso el blindaje definitivo de la inmersión lingüística en la educación mientras que para profesores como Raquel, la constitución sigue estando por encima de cualquier otra cosa. Para Raquel supone un duro golpe sobre todo a una asignatura que asegura que es necesaria aprender. Reconoce que es una pena que toda esta ley haya salido adelante sin contar con el apoyo de la comunidad educativa.

Garantizar las resoluciones judiciales, como la que obliga a impartir al menos un 25% de las asignaturas en español en Cataluña, debe ser fundamental para poder garantizar la enseñanza en lengua española. Es uno de los puntos que se encuentra en el manifiesto en el que varios filósofos historiadores o profesores piden una educación de calidad...