Correas: "No es lo mismo tomar una decisión y dar explicaciones que dar explicaciones para tomar una decisión"

Con la llegada de la vacunación emprendimos el camino de salida del coronavirus. Pero no es un camino limpio, sigue habiendo piedras, sigue habiendo recovecos peligrosos. Sigue siendo necesaria la precaución.

Pero con el año que llevamos nos pueden las ganas. Una vez que avanzó la vacunación entre nuestros mayores, una vez que bajó la incidencia, una vez que se retiró la obligatoriedad de la mascarilla en la calle acabamos por acelerar en ese camino de salida. Y lo que más han corrido han sido los que más ganas tienen. Un sector importante de la población joven, precisamente el que todavía no está vacunado. Esto ha coincidido con la expansión de la variante delta y todo esto conforma la piedra en el camino de salida con la que hemos vuelto a tropezar.

La incidencia acumulada por coronavirus está ahora mismo en 537 casos por cada 100.000 habitantes. Hace justo una semana era de 316. Ha aumentado también a más de 500 los pacientes ingresados en UCI como consecuencia de la COVID.

El dato es alto, pero deja el primer resquicio de mejora. Este viernes, ha bajado al incidencia entre la población más joven y se sitúa por debajo de los 1000 casos. Sigue siendo muy alta, sigue siendo preocupante, pero ha invertido la tendencia. Ha comenzado a bajar en los tramos de 20 a 29 años y de 12 a los 19.

Toda esta incidencia, toda esta situación nos lleva a otra de las variantes del camino tortuoso de la pandemia. En este punto, el asunto ya no es tropezar con al misma piedra. Es que tropezamos una vez hace más de un año y todavía no hemos encontrado la manera de sortear el peñasco judicial. Seguimos sin un marco legal ajustado a esta pandemia. No se ha hecho nada porque no se ha querido hacer. Otras leyes se han sacado adelante de forma inmediata.

A día de hoy Volvemos a ver cómo en unas comunidades los tribunales permiten aplicar toques de queda que se niegan en otras. Todo esto ya nos suena. Hace tiempo que tropezamos en esa piedra.

En la práctica, se han autorizado el toque de queda para 32 municipios de la Comunidad valenciana, incluida Valencia capital. En ellos se limita la movilidad nocturna entre la 1 de la madrugada y las 6 de la mañana. El ocio nocturno tiene que cerrar a las 00.30 y no estarán permitidas las fiestas populares.

En Cataluña los tribunales han dado luz verde al toque de queda en 161 municipios desde la 1 a las 6 de la mañana y hasta el próximo viernes 23 de julio.

Cantabria también aplica ya un toque de queda entre la 1 y las 6 de la mañana con limitación de reuniones a 6 personas. Afecta a 53 de sus 102 municipios

Estas son las regiones a las que han dado luz verde. Medidas que aproximadamente afectan a 8 millones de españoles. Otras como Navarra, que ahora mismo tiene la incidencia más alta de España, ya ha solicitado a los tribunales el toque de queda.

Si se aprobasen, las medidas entrarían en vigor en Navarra el próximo jueves 22. Luego están las comunidades a las que los tribunales, con la misma ley en la mano, han dicho que no. En Extremadura se ha denegado el toque de queda en 3 municipios de Cáceres, Plasencia, Jaraíz de la Vera y Montehermoso.

Y en Canarias se ha denegado el toque de queda en Tenerife y Fuerteventura. El gobierno canario si que ha utilizado el comodín de recurrir al Supremo. Hay que recordar que Como el gobierno no ha legislado, abrió la posibilidad de recurrir al Supremo con la esperanza de que acabe generando una doctrina a la que agarrarse.

Lo cierto es que la pandemia ha materializado un caos jurídico importante a la hora de abordar una situación sanitaria tan grave como la que hemos vivido. Ya no solo en el batiburrillo jurídico que vemos en las diferentes regiones la cosa está mal planteada desde el principio.

Buena prueba de ello es la sentencia del Tribunal Constitucional declarando ilegal el primer estado de alarma tras una denuncia de VOX.

La sentencia, de la que ahora conocemos un poco más de argumentación, es un auténtico varapalo para el Gobierno. Por seis votos a favor y cinco en contra, el alto tribunal considera que el confinamiento estricto que vivimos en marzo, abril y mayo de 2020 solo podía haberse hecho con un estado de excepción porque fue una suspensión de derechos fundamentales y no una simple limitación.

La sentencia ha provocado una fuerte división entre los propios jueces del Constitucional. Por ejemplo, el magistrado Cándido Conde Pumpido, recordado por ser el Fiscal General del estado con Zapatero. Este magistrado, propuesto por el PSOE, considera que el fallo “genera un grave problema político porque desarma al Estado frente a las pandemias” privándole del Estado de Alarma.

Mira por donde, razón de más para haber elaborado un marco legislativo de la pandemia, que no se ha hecho. Al final, para el Gobierno ha resultado más cómodo usar el estado de alarma, sobre todo a partir de la desescalada. Así ha conseguido manejar el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. En este sentido la clave está en la diferencia entre el estado de alarma y el estado de excepción.

El estado de alarma lo puede declarar el Gobierno mediante un decreto y luego, prolongarlo con el permiso del Congreso. Es lo y que ha hecho sucesivamente.

Sin embargo, para implantar un estado de excepción primero hay que tener el visto bueno del Congreso y eso limita de raíz la capacidad del Gobierno que se ve obligado a pasar por el Parlamento antes de su declaración. No es lo mismo tomar una decisión y después dar explicaciones que dar explicaciones para que te dejen tomar una decisión.