Un profesor de Derecho Constitucional explica la gravedad que tendría la reforma de delitos religiosos del Gobierno: "Todas las religiones"

La celebración de las Campanadas de Año Nuevo en TVE se ha visto envuelta en una polémica que ha trascendido las redes sociales y los medios de comunicación. Durante la emisión, la humorista Lalachus mostró una estampa que combinaba la imagen del Sagrado Corazón de Jesús con la figura de la famosa vaquilla del programa 'Grand Prix'. Este gesto, que algunos interpretaron como un guiño humorístico, ha sido considerado ofensivo por la falta de respeto a las creencias y la libertad de expresión en un espacio público como la televisión nacional. Por ejemplo, el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, se ha mostrado "entristecido" por lo ocurrido.

Después de la polémica, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, puso un tuit en su cuenta de X asegurando que en este 2025 impulsarán "la reforma del delito de ofensas religiosas" para garantizar "la libertad de expresión y creación", en el marco del Plan de Acción por la Democracia. Un anuncio que ya se conocía, y que ha despertado muchas preguntas al respecto.

La gravedad de la propuesta de bolaños

Es por ello por lo que, en La Tarde de COPE, Israel Remuiñán ha charlado con Rafael Murillo, profesor de derecho constitucional en la Universidad CEU San Pablo, sobre  las implicaciones de esta medida. La propuesta busca eliminar del Código Penal disposiciones consideradas por algunos como obsoletas, pero que otros ven como esenciales para garantizar el respeto a las creencias religiosas.

Actualmente, el delito de ofensas religiosas está regulado en el artículo 525 del Código Penal, que sanciona actos que ofendan los sentimientos religiosos de los ciudadanos. Murillo explicó que el alcance de esta normativa es limitado y que, en muchos casos, resulta insuficiente para abordar situaciones de conflicto entre la libertad de expresión y el respeto a las creencias. “Es un tipo de autopublicidad encubierta”, comentó, refiriéndose a casos en los que se instrumentalizan temas religiosos para obtener notoriedad mediática.

"El artículo 10 de la Constitución establece que la dignidad de la persona es el fundamento de la paz pública", recordó Murillo, argumentando que cualquier ataque a las creencias religiosas podría tener repercusiones negativas en la cohesión social. Además, enfatizó que el derecho a la libertad religiosa incluye tanto la libertad de culto como la protección contra actos que menoscaben la dignidad de los creyentes.

El profesor subrayó que la eliminación de este delito podría abrir la puerta a nuevos desafíos en materia de convivencia social. Citó como ejemplo el reciente manifiesto emitido por la Mesa de Diálogo Interconfesional de España, que reúne a representantes de diversas confesiones, incluidos católicos, judíos, musulmanes y protestantes. 

Según Murillo, este documento expresa preocupación por la posibilidad de que la reforma debilite la protección de las creencias religiosas y, con ello, se incrementen los actos que atenten contra la dignidad de las personas. Una situación muy peligrosa en una España que sigue polarizada y que, sobre todo, va en contra de los cristianos y de las personas que practican una religión.