El rescate de los espeleólogos, Alfonso Urrutia y Paloma Bombín, ha requerido de un operativo de búsqueda que ha durado dos días y que ha movilizado a más de un centener de personas. En total, 125 efectivos entre ellos Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias (UME), Cruz Roja o Protección Civil. Se molivilizaron 27 vehículos además de dos helicópteros y varios drones. Un dispositivo que tiene un coste muy elevado y por lo que ahora se abre el escenario de quién tiene la responsabilidad del pago en este caso: ¿los espeleólogos o la Comunidad Autónoma?

Abren un expediente a los espeleólogos

Los espeleólogos castellanoleoneses no informaron al 112 de que habían entrado en la cueva ni de a qué hora tenían previsto salir, aunque ese paso es necesario cuando se accede a una cavidad que, como la de Soba, forma parte del listado de las que exigen una autorización, por su complejidad técnica.

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha explicado, en declaraciones a RTVE en Cantabria que el Gobierno regional siempre abre un expediente cuando entiende "que se producen las causas por las cuales se impone una tasa". En ese expediente se va a dilucidar, ha señalado, quién tenía la responsabilidad de informar al 112, si los espeleólogos o la empresa, y si la responsabilidad se puede ceder a una empresa que se contrata o "si hubo mala fe" por parte de alguien.

En 'Trece Al Día', el abogado especialista en Derecho de Montaña, Alejandro López, aclara que lo que ocurrió fue "que los espeleólogos no hicieron la preceptiva llamada al 112, supuestamente" y, esto, añade, "objetiviza el pago de la tasa". López pone el foco en el hecho de que los espeleólogos "no hayan cumplido con el protocolo de emergencia que puede dar lugar a que la comunidad correspondiente pueda elevar la tasa".

¿A cuánto asciende un dispositivo de búsqueda de estas características?

Las seis primeras horas cuestan alrededor de 568 euros. La hora extra ascienden a 114 euros. Teniendo en cuenta que el recaste se prolongó hasta las 40 horas, el coste total se eleva hasta los 4.217 euros. Sin embargo, estas tasas solo se aplican en casos de "negligencia grave" por parte de los afectados, lo que implica que, en la gran mayoría de casos, sea el gobierno cántabro quien asume los gastos.

De este modo, el experto en la materia aclara que el reglamento de Cantabria es diferente al resto de comunidades al estar regulados por ley las diferentes imprudencias en este tipo de casos. "Según la norma del gobierno cántabro vienen regulados los supuestos en los que una persona puede cometer una imprudencia. Normalmente, en otras comunidades se ven obligados a pagar por el hecho de ser imprudentes. En Cantabria se establecen varios supuestos como no vigilar las alertas meteorológicas o no disponer de los equipos adecuados", asegura Alejandro.

El abogado aclara que el pago del dispositivo de búsqueda corresponde al gobierno de Cantabria, que fija la tasa y desarrolla el rescate aunque, diferencia entre medios de la comunidad y estatales. "Es cierto que los rescates se cobran cuando intervienen medios de las Comunidades Autónomas pero no cuadno interviene la Guardia Civil. Cuando son medios estatales no se cobra el rescate pero sí lo hacen las comunidades que tienen competencias en materia de recaste", concluye.