Un grupo de trabajo de ONU critica la prisión de Junqueras, Sànchez y Cuixart

Un grupo de trabajo de la ONU ha calificado de "arbitraria" la privación de libertad de los líderes independentistas Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, por lo que su abogado Ben Emmerson ha pedido a España que excarcele a sus clientes "de inmediato".

Este grupo de trabajo, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, considera en su documento que la prisión preventiva de los tres independentistas vulnera los derechos humanos y pide al Gobierno español que los ponga en libertad.

En su resolución, el grupo pide al Gobierno de Pedro Sánchez que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de Cuixart, Sànchez y Junqueras "sin dilación" y considera que el "remedio adecuado" sería ponerlos "en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación".

Al mismo tiempo, insta al Gobierno a que ponga en marcha una "investigación exhaustiva e independiente" de las circunstancias en torno a la "privación arbitraria" de la libertad de los imputados y que "adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos".

En su documento, se recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el grupo de trabajo y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas "arbitrariamente de libertad".

Ben Emmerson, abogado que representa a tres líderes independentistas encarcelados, ha advertido en una rueda de prensa en Londres de que "si España ignora esa decisión o no la implementa de inmediato y al completo estará cometiendo de manera continuada y flagrante una violación de la ley internacional".

En cambio, el gobierno español ha lamentado el informe de este grupo de trabajo de la ONU, que ve "especialmente grave" en un momento como éste porque podría ser interpretado "como una interferencia en un proceso penal en marcha".

Fuentes del Ejecutivo han criticado el informe por considerar que sus redactores no saben los delitos de los que están acusados en España los promotores de esta denuncia, porque creen que es legal en este país la convocatoria de un referéndum independentista y porque "no tienen en cuenta el principio de separación de poderes ni la independencia judicial".

Moncloa hace un llamamiento a los responsables de este informe para que "refuercen el rigor, independencia y ecuanimidad de sus trabajos" y estén "alerta" ante los "intentos de manipulación y desinformación a los que puedan ser sometidos".

El embajador español en Londres, Carlos Bastarreche, ha informado de que el Gobierno ha pedido una auditoría sobre el funcionamiento de este grupo de trabajo y ha lamentado que no se hayan "respetado las normas de procedimiento" para su publicación, al "filtrarse a una de las partes" antes de su divulgación oficial.

Por su parte, en una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, el presidente catalán, Quim Torra, ha exigido a la Fiscalía que retire las acusaciones contra los líderes soberanistas juzgados por el 1-O y pida "de inmediato" su puesta en libertad.

Torra ha anunciado que este viernes convocará una reunión extraordinaria del Govern para aprobar una petición formal de retirada de acusaciones y puesta en libertad a la Fiscalía Superior de Cataluña, para que la remita a la Fiscalía General del Estado.

Desde Bruselas, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha calificado de "sonoro bofetón al Estado español" la resolución de un grupo de trabajo de la ONU.

Mientras tanto, en el Tribunal Supremo, la defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha pedido la libertad de su cliente amparándose en el informe del grupo de trabajo de la ONU.