Interior ultima la ley para tratar a los funcionarios de prisiones como autoridad

El Ministerio de Interior y los sindicatos más representativos de los funcionarios de prisiones han analizado este jueves los avanzados trabajos del proyecto de ley de Cuerpos Penitenciarios, por el que se reconocerá a estos trabajadores como agentes de la autoridad, y que el Ejecutivo podría tener listo en primavera.

Es el compromiso, según han asegurado a Efe asistentes a la reunión, que ha trasladado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska junto con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, a responsables de los sindicatos CSIF, CCOO, Acaip, UGT y CIG, citados este jueves en la sede del ministerio para abordar los avances en la futura ley de Cuerpos Penitenciarios.

Una norma en la que trabajan sindicatos y la Secretaría de Estado de Seguridad desde hace meses y que pretende modernizar el marco normativo de los funcionarios de prisiones, ya que el actual está contemplado en leyes de hace más de 50 años.

El plan de Interior es que el texto comience a debatirse en el Congreso en primavera, según han expresado los responsables del departamento a los sindicatos este jueves.

Tanto CCOO como ACAIP han destacado a Efe "la buena sintonía" con el Ministerio del Interior en este asunto, el reconocimiento del ministro al trabajo de los funcionarios de prisiones y su apueta por esta nueva ley como el instrumento para mejorar las condiciones salariales y laborales de estos trabajadores.

"El anteproyecto tendrá tres ejes fundamentales: las mejora de las retribuciones, el reconocimiento como agentes de la autoridad y una nueva estructura que permitirá armonizar los puestos de trabajo", ha explicado a Efe Nacho Gutiérrez, portavoz de ACAIP, que subraya el compromiso de Interior con los pilares básicos de las funciones de estos funcionarios: la resocialización y reinserción de los presos.

Además de estos puntos, la secretaria general de CCOO Prisiones, Silvia Fernández, ha enfatizado en otro aspecto que se incluirá en el proyecto y que permitirá acabar con la brecha salarial de funcionarios dependiendo en la cárcel en la que trabajen.

La norma, ha dicho Fernández, también fijará nuevos perfiles profesionales dentro de las prisiones y, al reconocer a funcionarios como autoridad, una de las reivindicaciones esenciales del colectivo, se dotará de mayor seguridad y defensa jurídica a los trabajadores en caso de agresiones.