El juez absuelve al PP por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas

El Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid ha absuelto por falta de pruebas al PP de un delito de daños informáticos por la destrucción de los ordenadores que usaba el extesorero 'popular' Luis Bárcenas en la sede del partido hasta enero de 2013.

El magistrado Eduardo Muñoz de Baena también ha dejado libre de responsabilidad a la extesorera de la formación política Carmen Navarro, el jefe de la Asesoría Jurídica Alberto Durán y el responsable del departamento informático del partido José Manuel Moreno por este mismo delito y por el de encubrimiento.

La Fiscalía, que no acusó en el procedimiento, solicitó en línea con las defensas que aplicase la conocida como 'doctrina Botín' para evitar celebrar el juicio, aunque la pretensión fue desestimada y se celebró la vista con la única acusación ejercida por la acción popular.

El juez ha dictado su resolución dos meses después de la última sesión del juicio, celebrado el pasado 28 de junio, y ha acordado junto a la absolución, condenar en costas a las acusaciones populares ejercidas por Izquierda Unida, ADADE y el Observatori Desc, tal y como solicitaba la defensa del Partido Popular.

IDAS Y VENIDAS CON LOS DISCOS DUROS

Intentos de carpetazo, constantes peticiones de archivo y hasta una repentina desaparición del sumario en los juzgados. Seis años de idas y venidas de un caso, el del borrado de los ordenadores de Bárcenas, que este miércoles ha visto cómo sus cuatro acusados, con el PP a la cabeza, han sido absueltos. Toda una travesía judicial repleta de escenarios algo kafkianos que comenzó cuando el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investigó los llamados papeles de Bárcenas, pidió al PP en 2013 unos ordenadores que supuestamente pertenecían a su extesorero Luis Bárcenas.

En plena batalla entre el partido y su ya díscolo exsenador, Bárcenas, en ese momento ya en prisión, presentó un USB con la supuesta contabilidad B del PP, y el juez quiso corroborar si en los ordenadores que usó en Génova se encontraban los "archivos primigenios" de aquellos que había entregado al juzgado. No estaban. Un ordenador no tenía disco duro y el del otro había sido borrado en aplicación de la Ley de Protección de Datos, según argumentaron los populares. Ahí comenzó todo. A los días, Ruz pidió a la Justicia madrileña que investigase la presunta destrucción de los discos duros al no poder "descartar la relevancia penal" de los hechos ante la posibilidad de que revistiesen delitos de encubrimiento o de daños informáticos.

Un juzgado de Madrid, el 32, lo investigó. Pero poco. Un mes después, la entonces titular del juzgado lo archivó a petición de la Fiscalía al entender que no se había cometido ningún delito y que en todo caso los ordenadores pertenecían al PP y no a Bárcenas. Sin embargo, las acusaciones -IU, Justicia y Libertad, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y el Observatori Drets Humans- recurrieron a la Audiencia de Madrid, que finalmente ordenó al juzgado que reabriese el caso. El archivo se había adoptado "sin practicar diligencia de investigación alguna". La orden llegó tres años después del carpetazo inicial y el motivo de la tardanza parece un poco de película: el sumario había desaparecido.

Una funcionaria alegó que se remitió a la Audiencia Provincial un recurso contra el archivo mediante una providencia sellada con fecha de entrada en el Decanato de los Juzgados de Madrid unido al sumario del caso. Pero el decanato dijo que no tenía la causa; tampoco la Audiencia de Madrid había llegado a recibir el recurso. Se había volatilizado. Fue el momento de reconstruirla. La jueza citó a las partes para que aportaran toda la documentación que tenían en su poder y hasta el juez Ruz remitió una copia de la causa.

Todo un periplo que, pese a los intentos del PP y de su jefe informático, que incluso llegaron a recusar a la jueza de instrucción, finalmente acabó con el procesamiento del partido, de su extesorera Carmen Navarro; del responsable de su asesoría jurídica, Alberto Durán; y del jefe del departamento de sistemas informáticos, José Manuel Moreno. Todos ellos, y también la Fiscalía, que siempre ha recurrido todo y ha apostado por la absolución, recurrieron el procesamiento por un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento, pero la Audiencia de Madrid dio luz verde para continuar con el caso.Antes de su aval, apenas unos meses después del procesamiento, Bárcenas, que hasta entonces ejercía de  acusación, dio la sorpresa y se retiró del caso.

Circunstancia que utilizó el PP para solicitar la aplicación de la doctrina Botín, ya que sólo pervivía la acusación popular y el delito, dijo, es de "carácter privado".Pero la jueza no lo admitió y finalmente, seis años después, los acusados, PP incluido, acabaron sentándose en el banquillo  en un juicio con testigos estrella, como el propio Bárcenas y la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, pero sin cámaras. El juez no lo permitió. Así, sin posibilidad de imágenes y con alguna que otra jornada maratoniana, el juicio se celebró con versiones enfrentadas: Bárcenas insistió en que los ordenadores tenían información sobre la presunta caja B; el PP en que los discos duros estaban vacíos cuando les aplicó un "proceso de borrado seguro" (35 sobreescrituras). Y tras el juicio, una sentencia que ha acabado en absolución. Pero con el fallo no acaba todo. Las acusaciones tienen la posibilidad de recurrir. Es decir, que el periplo judicial puede continuar.