Un gobierno contra la libertad educativa

A la demagogia lanzada sin filtro por la vicepresidenta del Gobierno contra las universidades privadas, se ha sumado la del presidente Sánchez. En su caso, ir contra estas universidades, hablar de chiringuitos y airear el espantajo de la falta de calidad educativa, es especialmente bochornoso, habiendo estudiado él en una universidad privada, habiendo serias sospechas sobre la calidad de su tesis doctoral y teniendo a su mujer imputada, precisamente tras habérsele creado una cátedra para ella en la Universidad Complutense, cuando Begoña Gómez no cuenta siquiera con una titulación de Grado.

Este nuevo frente que el Ejecutivo abre tiene un claro componente político, pues es estrategia archiconocida del sanchismo ir al enfrentamiento directo con las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias de educación, y que en su mayoría están gobernadas por el Partido Popular. Pero tiene también una dimensión económica y otra ideológica más profunda, porque es habitual en el Ejecutivo de Sánchez crear división a partir de una suerte de lucha de clases que, si no existe, se inventa. Es cierto que el burdo ataque contra las universidades privadas es una nueva maniobra de distracción ante el escenario político y judicial que el Gobierno tiene encima. Pero es mucho más que eso, porque el bloque gubernamental parece tener alergia a todo lo que huela a libertad de iniciativa social, y a libertad educativa especialmente.