El Gobierno contra las instituciones

El Gobierno de Pedro Sánchez no va a reconocer que el marco jurídico que aplicó ante la pandemia era inapropiado en nuestro Estado de Derecho, tal como ha sentenciado el Tribunal Constitucional. El empeño en desacreditar al Tribunal Constitucional es síntoma de una actitud de acoso a los jueces y de la ausencia de reconocimiento efectivo de la independencia judicial. La Justicia en España está siendo objeto, desde hace meses, de una permanente campaña de desprestigio por parte de un Ejecutivo sin escrúpulos que no asume que sus poderes son limitados por la propia naturaleza del sistema democrático. Recordemos la reacción de Gobierno ante el Supremo sobre el 1-O, o contra el Tribunal de Cuentas.

Que la ministra de Servicios Sociales, Ione Belarra, de Podemos, diga que la Justicia se ha convertido en la oposición al Gobierno, ya no nos extraña. Pero sí sorprende que tanto la nueva ministra de Justicia como la de Defensa se hayan contagiado de las tesis disparatadas de sus socios de Podemos. Lo declarado ayer por la titular de Defensa, Margarita Robles, al calificar la sentencia del Constitucional de “elucubraciones doctrinales” y acusar a sus miembros de carecer de sentido de Estado, es del todo inaceptable en una democracia en la que deben primar el juego limpio y el respecto al poder judicial. No vendría mal al presidente un poco de humildad, reconocer los errores y aprestarse a pactar con la oposición una ley de pandemias que ofrezca herramientas eficaces y con garantías jurídicas para afrontar futuras situaciones como ésta