Se queja por WhatsApp de las horas que hace en su trabajo de Asturias, la despiden y acaba indemnizada con 13.000 euros

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha declarado nulo el despido de una limpiadora que trabajaba en Gijón después de que se quejara en un grupo de WhatsApp de la empresa por el excesivo número de horas extraordinarias que realizaba. La sentencia establece que la extinción del contrato fue una represalia directa contra la empleada, por lo que la empresa deberá abonarle más de 13.000 euros en concepto de indemnización y salarios de tramitación. Este caso vuelve a poner de manifiesto la necesidad de garantizar los derechos laborales y de evitar abusos empresariales, especialmente en sectores donde las condiciones de trabajo pueden ser más precarias.

Horas extra desproporcionadas

La trabajadora, que prestaba servicios de limpieza en pisos turísticos, había firmado un contrato temporal a jornada completa con fecha de finalización para el 14 de diciembre de 2023. Sin embargo, entre junio y agosto de ese año, acumuló 221,37 horas extraordinarias, una cifra muy superior al límite de 80 horas extra anuales establecido en el Estatuto de los Trabajadores. Este volumen de horas no solo suponía una sobrecarga laboral considerable, sino que además era contrario a la normativa vigente en materia de jornada laboral y descanso.

Ante esta situación, la empleada manifestó su desacuerdo en varias ocasiones en el grupo de WhatsApp utilizado por la empresa para organizar horarios y asignar tareas. En dichos mensajes, dejó constancia de que estaba trabajando jornadas excesivas y de que no estaba recibiendo una compensación justa por las horas extra realizadas. La respuesta empresarial fue tajante: el 29 de agosto de 2023 le notificaron la terminación de su contrato, con efectos desde el 1 de septiembre, a pesar de que su contrato debía finalizar en diciembre. Este despido repentino generó sospechas sobre su verdadera motivación y llevó a la trabajadora a emprender acciones legales.

El despido nulo

Inconforme con la decisión de la empresa, la trabajadora inició un procedimiento legal. En primera instancia, el Juzgado de lo Social n.º 1 de Gijón consideró que el despido era improcedente, fijando una indemnización de 2.393,82 euros. No obstante, la empleada decidió recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, solicitando la nulidad del despido. La defensa argumentó que existía una vulneración de derechos fundamentales, en concreto, de la garantía de indemnidad, que protege a los trabajadores de represalias por reclamar sus derechos laborales.

El TSJA falló a su favor, al entender que existían indicios claros de represalia por sus quejas sobre las condiciones laborales. La conexión temporal entre las reclamaciones de la trabajadora y la terminación del contrato, así como la falta de justificación objetiva por parte de la empresa, fueron determinantes para la sentencia. Además, la empresa no pudo demostrar en juicio que la finalización del contrato obedeciera a causas objetivas ajenas a las quejas de la empleada. La propia admisión de la improcedencia del despido por parte de la compañía antes del juicio reforzó la idea de que se trataba de una represalia.

Dado que la reincorporación al puesto no era posible debido a la fecha de finalización del contrato, el tribunal estableció una compensación adicional que incluyó salarios de tramitación (6.624,45 euros), una indemnización de 3.500 euros por daños morales y 442,68 euros adicionales, alcanzando una cifra superior a los 13.000 euros. Este fallo es relevante porque refuerza la protección de los trabajadores frente a despidos arbitrarios y reconoce el daño moral que puede suponer la vulneración de sus derechos fundamentales.

Este caso subraya la importancia de conocer los derechos laborales y el límite de las horas extraordinarias, ya que muchas empresas abusan de la disposición de los trabajadores sin compensarlos adecuadamente. También destaca el papel de la justicia en la defensa de los derechos de los empleados, especialmente en sectores como la limpieza, donde las condiciones pueden ser más vulnerables a abusos.