Barbosa: “A Chaves se le levantará la pena de inhabilitación y a Griñán se le libra de la pena de cárcel"

Yo no sé si ustedes han corrido alguna vez los encierros de San Fermín o si se han puesto delante de un toro.

Pero cuando uno se pone delante de un toro de verdad, creáme que se nota. Porque el suelo empieza a temblar y el bufido del animal se te mete en los sentidos y ahí es donde te das cuenta de que un toro es un toro y lo demás son tonterías.

"Estamos con las vacaciones en la cabeza o cruzando los dedos para que España gane esta noche a Francia y nos metamos en la final de la Eurocopa.

Eso será a partir de las nueve de la noche y lo podremos seguir en la sintonía de COPE con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo de deportes de esta casa.

Pero miren, de momento, si nos metemos en materia informativa, tengo que decirle que, así como el día de ayer venía peinado a lo garzón y con una baguette bajo el brazo(era un día muy francés), el día de hoy, en cambio, viene más español y más judicial.

Entre otras cosas, porque en las últimas horas hemos asistido a un despiste judicial, a un defecto de forma que va a tener enormes repercusiones políticas.

Tantas, que a Carles Puigdemont le han dado la alegría de que su imputación por un delito de terrorismo puede quedar en agua de borrajas, más pronto que tarde.

¿Qué ha pasado?

Pues que el juez de la Audiencia, García Castelllón, que investiga el caso de Tsunami Democrátic, ha tenido que archivar el causa.

Saben ustedes que los jueces, cuando mantienen abierta una investigación cada cierto tiempo tienen que decidir si están encontrando sustancia para seguir investigando o eso no da para más.

Si están encontrando chicha,cada cierto tiempo tienen que solicitar una prórroga de la investigación.

Bueno, pues en el caso de Tsunami Democrátic (aquel movimiento convocado por Internet que practicaba el terrorismo callejero y cortaba autopistas) uno de los periodos de investigación caducaba el 29 de julio de 2021.

Pero sea por despite, por acumulación de trabajo o por lo que fuera, al juez García Castellón se le pasó la fecha y no firmó la prórroga para seguir investigando hasta el 30 de julio.

Fue sólo un día pero lo suficiente para que una de las investigadas (la dirigente de Esquerra Marta Molina) presentara un recurso que ahora ha sido estimado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

¿Consecuencia?

Pues que todo lo investigado en el caso Tsunami del 29 de julio de 2021 hasta hoy, no vale. Es como si no se hubiera investigado y no se pudiera utilizar en un posible juicio.

Es decir, ayer García Castellín se vio en la tesitura de o abrir juicio, con lo que había investigado sólo hasta el 29 de julio o archivar la causa.

Y, a última hora de ayer, el juez decidió archivar la causa porque lo jugoso de la investigación, que le llevó a acusar a Puigdemont de terrorismo, formaba parte de la instrucción que ha quedado anulada por el despite burocrático.

De hecho, Puigdemont no fue acusado formalmente de terrorismo hasta febrero de este mismo año, casi tres años después del dichoso despite.

Así que ahora es el Tribuanal Supremo el que debe decidir si archiva también la causa de forma definitiva, después de que García Castellón, le haya dicho, oye, tú eres el que lleva la causa de Puigdemont por estar aforado cuando empezó la investigación contra él, pero que sepas que yo he pegado el petardazo de tener que archivar la causa en la Audiencia Nacional, que es la base de todo, así que tú verás qué haces”.

Así que tiene pinta de que el Supremo se puede ver abocado a olvidarse de la acusación de terrorismo a Puigdemont por más que García Castellón encontrara motivos para imputar a Puigdemont a organización de actos tan graves como el asalto al aeropuerto del Prat en octubre del 17.

Pues un defecto de forma, firmar un documento un día más tarde de lo que tocaba, puede hacer que los delitos de terrorismo que pudieran cometerse en aquel asalto queden ahora en papel mojado.

Una alegría para Puigdemont que puede quitarse uno de los tres problemas judiciales que tiene.

El otro es que el Supremo no le haya levantado el delito de malversación, a pesar de la entrada en vigor de la amnistía, cosa para la que ya ha iniciado el proceso de recursos.

Y le queda la acusación de Alta traición, por la causa que investiga la injerencia rusa.

La malversación y la alta traición son los delitos que pueden atenazar a Puigdemont, pero lo de terrorismo, olvídense.

Claro, esto demuestra una obviedad: que la justicia española es garantista, si un juez firmó una prórroga un día después de lo debido, pues a hacer puñetas todo lo investigado en los últimos tres años.

Y, aun así, los separatistas seguirán con la injuria de que los jueces españoles practican el lawfare. aunque les amparen, cuando les deban amparar.

Y miren otro asunto judicial del día, más de un despiste burocrático, es la guinda a una operacióin escandalosa para que unos polñiticos condenados por corrupción se vayan de rositas como si tal cosa.

Y es que, ya hemos conocido los “borradores del sentencia” con los que los magistrados de obediencia sanchista en el Tribunal Constitucional van a dar el jaque mate a la sentencia de los ERE de Andalucía.

De la quincena de dirigentes socialistas que fueron condenados ya hay seis que han visto cómo han borrado al menos una parte de su sentencia, como por arte de magia.

Y todo gracias a esa magia pumpidista que ha hecho, primero que el tribunal Constitucional (sin ser ni siquiera poder judicial) se meta a tribunal de casación para enmendar la plana al Supremo y a la Audiencia de Sevilla.

Y luego, ya puestos a hacer conjuros, se han puesto a decir que lo que antes era prevaricación y malversación, ya no lo es.

Porque, a partir de ahora, elaborar con malicia unos presupuestos en un consejo de gobierno, cuyo diseño permita el saqueo de las arcas públicas eso ni puede ser prevaricación, ni puede ser malversación, según los magistrados sanchistas.

Con lo cual, el 16 de julio es la fecha indicada para que el rey y la reina de esta jugada de ajedrez, Chaves y Griñán, queden exonerados, como ya lo han hecho algunos alfiles, torres y caballos que han ido desfilando por la pasarela de los exonerados por arte de magia judicial.

Magdalena Álvarez, Martínez Aguayo, Serrano, etc, etc... han sido el aperitivo que ha ido preparando el terreno para lo que se viene en el pleno del 16 de julio: que José Antonio Griñán y Manuel Chaves queden rehabilitados tras sus sentencias condenatorias, por su parte de culpa en el desfalco de 680 millones de euros.

Dinero que se repartió sin ningún control para crear una red clientela que ayudara al PSOE a mantenerse en el poder en Andalucía.

Pero hete aquí que la vicepresidenta del Constitucional, Inmaulada Montalbán, vuelve a hacer de ponente de los borradores de sentencia, que ya anuncian lo que van a dictaminar.

Y lo que van a dictaminar no es otra cosa que exonerar a ambos expresidentes andaluces del delito de prevaricación (es decir, se considera que no actuaron para ayudar a otros a delinquir)… y además se propone también eliminar por completo el delito de malversación a Griñán.

Con lo cual, a Chaves se le levantará la pena de inhabilitación que pesa sobre él y a Griñán se le libra de la pena de cárcel que tenía pendiente de cumplir.

Los dos baldones que tenía el PSOE andaluz… (los dos expresidentes andaluces condenados por corrupción) limpios polvo y paja, a partir del 16 de julio, por obra y milagro de la mayoría sanchista del Constitucional.

Y aquí lo tremendo es que la ponencia la vuelve a firmar Inmaculada Montalbán que fue premiada con la medalla de Andalucía por el propio Griñán y que no se ha apartado en ningún momento de la revisión de la sentencia que afecta al propio Griñán.

Es más, se ha metido de hoz y coz en la operación para rehabilitarle. Y, ya con esta ponencia, se refiere a él directamente, con una defensa a ultranza.

En un momento determinado, la señora Montalbán dice en ese borrador de sentencia que “no se considera mínimamente motivado que el señor Griñán Martínez (y le falta decir “que me dio una medalla de Andalucía”) hubiera realizado los hechos que la sentencia declara probados con conocimiento de que la Consejería de Empleo concedía ayudas ilegales con el fondo de reptiles.

Fondo de reptiles de más de mil millones sin control, de donde desviaron lo que les dio la gana para lo que les dio la gana.

Así que ya ven, ningún pudor para defender a Griñán y todo para hacer ver ahora que los únicos que tuvieron la culpa fueron los altos cargos que estaban muy encima de la Consejería de Empleo de la Junta.

Pero todos los que elaboraron el presupuesto y diseñaron el entramado para desviar el dinero, aunque estuvieran en la consejería de Economía, aunque estuvieran en Hacienda, aunque fueran los máximos y últimos responsables porque fueran los presidentes. todos estos, según el Constitucional, estaban (y tenían el derecho a estar) en babia.

Porque al final lo que viene a sugerir ese borrador de sentencia es que el Supremo hizo muy mal al reprochar al pobre señor Griñán su “pasividad al no parar la financiación de las ayudas, a pesar de que, como consejero de Hacienda entre 2004 y 2009, intervención de la Juntale hizo llegar informes que le advirtieron de hasta 18 irregularidades en el sistema de ayudas”.

Y Griñán no hizo nada. Pero ahora viene la señora Montalbán a decir ojo al dato, que esos informes no demuestran que Griñán conociera las graves desviaciones.

Y que tampoco tenía por qué saber nada del déficit que estaba generando la Agencia Idea que se gastaba más dinero del que tenía presupuestado.

Bueno, pues la señora Montalbán (que recibió una medalla del señor Griñan) dice en su borrador de sentencia que el señor Griñán no tenía por qué enterarse de nada por más que los informes le alertaran de lo que estaba pasando.

Políticos inmunes

Es para miccionar y no echar gota. Y lo peor de esto no es que Chaves y GriñánI se vayan de rositas con la misma arrogancia con la que ya se han ido los otros, lo peor es el retrato robot del nuevo político socialista que nos está dejando esto de cara al futuro: un político inmune a la prevaricación o la malversación por las leyes que pueda aprobar en consejo de gobierno; inmune a que le achaquen un delito de malversación aunque le manden informes advirtiéndole de desviaciones injustificadas del presupuesto.

Es decir, políticos capaces de poner a huevo un sistema de desfalco, sin que se les pueda meter mano judicialmente.

Prepárense para lo que pueda venir en el futuro con la base de impunidad que se está preparando.