"Lo que está haciendo Aldama es apuntar en la dirección en la que hay que investigar"

Son las seis, las cinco en Canarias. 

¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible. Herrera en Cope, en este viernes 6 de diciembre de 2024, día de la Constitución, día de comienzo de puente, con un tiempo que hoy todavía será bastante amable.

Más allá de alguna lluvia en el Cantábrico y Pirineos y de las nieblas en el interior de Castilla y León y Extremadura, aunque ya mañana comenzará a complicarse por el norte para acabar el puente con tiempo frío propio del invierno. 

Bueno, el día de la Constitución quiere decir que hoy la carta magna cumple 46 años. 46 años en años humanos son palabras mayores, porque quiere decir que ya tienes que haber superado la crisis de los 40 por la cuenta que te tiene. Ahora bien, en años constitucionales, 46 años no son nada, o no deberían ser nada.

Ahí tienen ustedes, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos que data de 1.787. Y ahí sigue, en vigor. Gracias, sobre todo, a las 27 enmiendas, a los 27 retoques que se le han añadido a lo largo de estos siglos, pero 27 enmiendas en tanto tiempo tampoco son tantas.

Es decir, que si uno quiere que la Constitución le salga buena y le dure mucho tiempo, poderse puede. Lo que pasa es que para eso hace falta una cosa que se llama lealta y otra cosa que se llama consenso. Si hay lealta y consenso, hace falta andar cambiando la Constitución cada pocas décadas, porque a la carta magna se le pueden hacer eso que se conoce como retoques consensuados.

El problema que tiene España de un tiempo a esta parte es que hay un sector del espectro político, que le voy a contar yo, que está siendo desleal con la Constitución. Solo hay que ver lo que hicieron los separatistas catalanes durante el proces, y que además el Partido de Gobierno, el PSOE, ha colonizado el Tribunal Constitucional con magistrados de su cuerda, que se han propuesto hacer una interpretación de la carta magna nada consensuada. Ya saben, sacándose derechos o posibilidades jurídicas que en realidad no aparecen en la Constitución.

Veasé, por ejemplo, una amnistía cuando los ponentes del 78 descartaron dos propuestas en ese sentido, y además dejaron prohibidos los inductos colectivos. A ese flanco, a ese problema de la deslealta política de los que no creen la unidad del país, más la operación de la izquierda por imponer su modelo de Estado por la puerta de atrás, la Constitución suma ahora otro reto. Esa sensación últimamente de que el estado de las autonomías que nos trajo la Constitución, o no funciona, o está el maraña de administraciones superpuestas, que a veces resulta ineficaz.

Un debate que se ha vivado en las últimas semanas, como bien saben, con el desastre de la dana. ¡Venga, Venga, Venga! Se lo van a comer, se lo comen. Como no lo protegen. Efectivamente, llegamos a este día de la Constitución apenas un mes después de que la España de las Autonomías, representada por la jefatura del Estado, el poder central y el poder autonómico, tuvieran que aguantar en payporta las iras de unos ciudadanos que se habían sentido desprotegidos primero y abandonados después por eso que se llama el Estado.

Pero es que hoy el día se presta a mirar otras cosas que nos dejó dichas, la Constitución del 78, pero que a la hora de la verdad las llevamos un poco regularas. Y uno de los puntos más candentes con los que llegamos a este día es lo del famoso derecho a la vivienda, que es algo que ya sabemos que no se puede tomar al pie de la letra porque la Constitución del 78 dice que España es un Estado social de derecho, pero eso no obliga a la administración a entregar una vivienda a cada español.

Pero bueno, si existe la voluntad constitucional de que la gente viva de forma digna, y ahí la vivienda se antoja como algo fundamental. Problema pues que lo de la vivienda trae a nuestra juventud y a lo que no es la juventud por el camino de la amargura. Sobre que ver el esperpento que se formó esta semana en Barcelona cuando una inmobiliaria tuvo la feliz idea de hacer una jornada de puertas abiertas durante tan solo una hora y cuarto para todos aquellos que quisieran ver un piso.

Es verdad que el piso estaba en el centro de Barcelona, pero era un piso que estaba por reformar. No tenía muebles y además contaba con apenas 50 metros cuadrados. Pero claro, que tuviera tres habitaciones y sobre todo que su precio no llegara a los 1.000 euros, 923 al mes, hizo que se juntara allí la marabunta.

El agente inmobiliario tuvo que explicar qué datos había que presentar para aspirar al piso a grito pelao desde el rellano, porque la cola de interesados llegaba a la calle, lo cual te da una idea de la desesperación de la gente por conseguir un piso donde meterse.

Y no tiene pinta de que esto vaya a mejorar a corto plazo, porque más allá de anuncios populistas sobre empresas públicas de vivienda, de momento lo que tenemos es que el precio de la vivienda ha subido un 8% en el tercer trimestre, que es su mayor repunte en dos años.

Por eso les digo que este día de la Constitución se presta un poco a hacer balance de situación sobre 46 años después que ha funcionado y que se ha enradecido en la vida pública de nuestro país. Que ya les digo que lo principal es la falta de consenso, como os ha demostrado en las últimas horas, por cierto, con el fracaso de las negociaciones de gobierno PP en un asunto de estado como es la crisis migratoria.

Ahora, si les parece, vamos con eso, pero claro, la actualidad también os invita, como se pueden imaginar, a no perder de vista todo lo que tiene que ver con el serial de casos de presunta corrupción que acechan al gobierno de Pedro Sánchez. Casos de corrupción que tienen al PSOE y al gobierno literalmente resistiendo, como dejaron ellos mismos en su Congreso Federal.

Lo que pasa es que las últimas pruebas aportadas por Víctor Aldama en el Tribunal Supremo tienen al gobierno también en un sí pero no. Por un lado, está la tentación de decir que todo lo que dice Aldama es mentira y que sus pruebas sobre el cobro de presuntas mordidas a cambio de la jodificación de obra pública tampoco son muy allá, pero por el otro lado, está la prudencia de ponerse a revisar no vaya a ser que sí y en esas está Oscar Puente, el actual ministro de transporte que no se cree a Aldama, pero que por si acaso va a revisar los contratos de obra pública bajo la etapa de Ábalos en ese ministerio.

La reacción de Oscar Puente es bastante significativa del momento en el que estamos. Estamos en ese punto en el que Aldama, con sus últimas aportaciones al Supremo, ha venido a abrir otra derivada que puede ser de las más importantes, porque Ábalos dijo desde el principio que la compra de mascarillas durante la pandemia, que aquello era el chocolate del loro, que mientras no le pudieran sacar nada del pastizal que él manejaba en la concesión de obra pública, que podía estar tranquilo.

Bueno, pues ahí es donde apuntan ahora las primeras pruebas o las últimas pruebas que ha portado Aldama, a que una serie de empresas podrían haber tenido un trato preferencial en la concesión de obras a cambio de comisiones. Tiene razón, Oscar Puente, en que un documento del BOE subrayado en rosa y en verde no deja de ser una prueba un tanto insustancial, que seguramente no da para que un juez coja a una persona, la encierre en una celda y se guarde la llave durante unos cuantos años.

Pero lo que está haciendo Aldama es apuntar en la dirección en la que hay que investigar. Yo les digo que esa obra se preajudicó y que esa obra de más allá se ofreció a cambio de mordidas. Y a partir de ahí, seguir la pista de lo que pasó con esas obras puede sacarnos de dudas en un sentido u otro.

Aldama, de momento, lo que está haciendo es decirle a la guardia civil y a los jueces algo así como, yo que ustedes miraría en el tercer cajón del armario o debajo de la cama, y eso es lo que está haciendo la UCO, que de momento, y entre otras cosas, ha destinado a una serie de agentes, a República Dominicana, a investigar la huella de la trama en ese país, en el que, por cierto, tanto ha viajado el Falcon de Moncloa sin que hayan querido desvelar los motivos.

Estamos, en definitiva, en esa letanía de Aldama, cuya fuerza reside de momento en que, como decía Herrera el otro día, si non e vero e ben trovato, si no es cierta, lo parece, como ocurre, por ejemplo, con el piso de la castellana, que Aldama asegura que ofreció a Ábalos como garantía en caso de que no cobrase las comisiones.

Decirlo así no sirve de prueba para incriminar a Ábalos, pero es el propio Ábalos el que ha dicho que es una mentira porque ese piso ya tenía inquilino y que Aldama le quiso engañar con ello. Es decir, ese piso de la castellana, efectivamente, de alguna manera rondó a Ávalos.

Y ahora sabemos que el inquilino del piso era un antiguo jefe de aerolíneas argentinas. Es decir, lo que asegura Aldama, algo de conexión con la realidad sí que tiene, pero queda saber si es exactamente como lo dice o ahora está acomodando un poco detalles del pasado para incriminar a políticos con los que pudo hacer negocios turbios.

De momento, después de elegir a Herrera en COPE para dar su primera entrevista, Aldama ha vuelto a hablar para un medio colombiano y ha asegurado que una parte sustancial de las pruebas más jugosas contra el gobierno está o están en el móvil encriptado que le requisó la audiencia nacional.

Dice Aldama que si el Supremo reclama ese móvil que tiene la audiencia nacional, que él mismo lo desbloquea para que accedan a las conversaciones que mantuvo con políticos de primer nivel. El supremo de momento lo ha descartado, pero porque quiere primero tomarle declaración el día 16.

Cuando lo haga, bueno, pues lo mismo se abre otra serie de pruebas de esas que te incitan a seguir investigando o pruebas definitivas que arrojen luz sobre el asunto más escabroso que está marcando la política española en este día de la Constitución. Y eso, eso sin olvidar, el día de Gloria Bendita, que tuvo ayer el fiscal general del Estado en su defensa la desesperada, en otro caso importante, como es el caso de la filtración.