Los abogados y juristas muestran en COPE su preocupación por la posible reforma legal del Gobierno: “Haremos lo posible por que no fructifere”

Durante estos últimos meses hemos visto cómo casi todo el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pasado por los juzgados. Cada día es una aventura nueva. Sin ir más lejos, esta misma mañana hemos conocido que el juez del Supremo ha citado como investigados al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para que declaren a final de enero por supuesta revelación de secretos.

El juez le considera sospechoso de haber revelado información reservada de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Estamos hablando de que han llamado a declarar como imputado al máximo responsable del Ministerio Público, algo que mancha la imagen de todo el poder judicial de nuestro país. La cita tendrá lugar el próximo 29 de enero.

Vamos a seguir repasando todos esos frentes judiciales que está afrontando Sánchez. El pasado viernes pudimos ver a su hermano delante de la jueza de Instrucción número 3 de Badajoz. Está acusado por presuntos delitos contra la Administración y la Hacienda Pública, prevaricación, tráfico de influencias y malversación en la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de música. 

Ha sido un mes que está siendo bastante intenso para un Sánchez que incluso ha visto cómo su mujer ha llegado a estar cara a cara hasta tres veces delante del juez Juan Carlos Peinado, que la investiga por varios delitos.

A mediados de diciembre fue la última vez que la vimos en Plaza de Castilla donde respondió solamente a las preguntas de su abogado. Está investigada por la supuesta apropiación indebida del software que se desarrolló en el seno de la cátedra extraordinaria que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid, así como de la marca Transformación Social Competitiva que da nombre tanto a la cátedra como a uno de los másteres.

Y vamos ahora con el plato fuerte, con esa investigación, de la que estoy seguro que saldrá más información con el paso de los días y con la investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil. Te hablamos del caso Ábalos.

Allí, en el Alto Tribunal, estuvo en diciembre varias horas declarando ante el juez negando todas las acusaciones que había contra él. Entre otras cosas, presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, cohecho y pertenencia a organización criminal. Pues bien, durante esa declaración, aseguró que todas las acusaciones vertidas contra él por parte de Aldama eran mentira.

Él lo tiene claro y ante el juez del Supremo ratificó que Ábalos cobró comisiones y que, como dijo también en la Audiencia Nacional, pagó un total de 15 mil euros al Secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Además, descargó responsabilidades en Koldo García, el ex asesor personal de José Luis Ábalos.

Durante dos horas y media negó todas las acusaciones de corrupción lanzadas por Víctor de Aldama y protegió a Ábalos desvinculándolo de cualquier irregularidad o cobro de comisiones.

Y con todo este panorama y en vez de respetar el trabajo de la justicia en España, desde el Gobierno continúan llevando a cabo una insólita campaña contra los jueces señalando a Sánchez como una víctima del acoso judicial.

Es más, el pasado viernes conocimos que desde Moncloa han dado un paso más. Han propuesto una proposición de ley con la que pretenden, que casos como el de Begoña o el del hermano de Sánchez acaben finalmente archivándose. Pero, ¿en qué consiste esta nueva propuesta? ¿Qué dicen los jueces y magistrados? Hoy hablamos, en ‘La Linterna’ de un nuevo ataque desde el Gobierno al poder judicial.

¿En qué consiste esta reforma?

Ha sido apodada por muchos como “La ley Begoña”. Y nos les falta razón porque ella sería una de las grandes beneficiadas de esta ley. Mira te cuento por qué. Esta proposición está compuesta por cuatro puntos. El primero de ellos y quizás el más importante es el que tiene que ver con la acusación popular, aquella que permite a quien no es perjudicado directo por un delito actuar penalmente contra su supuesto responsable. Se trata de una figura reconocida expresamente en la Constitución, y por lo tanto no se puede eliminar. 

Ahora el texto socialista delimita quién puede ejercerla, qué delitos puede perseguir y qué papel juega en las investigaciones.

En el caso de aprobarse, se prevé que los cambios legales se apliquen también a los procedimientos en marcha. Si así fuera, y dado que la Fiscalía no ve indicios de delito, tanto en el caso de Begoña como el del hermano de Sánchez quedarían archivados.

No hay que olvidar que gracias a la participación de las acusaciones populares se han logrado que salieran adelante investigaciones que han destapado grandes casos de corrupción.

Otra de las partes negativas afectará de lleno a víctimas del terrorismo ya que las asociaciones no podrán reabrir nuevos casos contra los presuntos autores intelectuales de atentados de ETA. Pero vamos con el segundo de los puntos: La supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos, algo que para los socialistas es algo completamente obsoleto.

Otro de los puntos tiene que ver con la prensa. El texto sostiene que no se podrá abrir un proceso judicial con “meros recortes de prensa sin el menor indicio de irregularidades". Por último, para intentar evitar politizar la justicia, quedarán excluidos de cualquier procedimiento los jueces que se hayan manifestado a favor o en contra de partidos políticos, sindicatos, asociaciones u otras entidades públicas o privadas que estén implicadas en esa investigación.

Una proposición que preocupa a los juristas

Safira Cantos es abogada y Directora General de la Fundación “Hay Derecho” y mostraba en ‘La Linterna’ su preocupación por esta propuesta, que pretende limitar la acusación popular en los procedimientos legales. 

“Pretende mermar la capacidad de la ciudadanía de controlar cómo se ejerce el poder y promover la persecución de delitos que pueden afectar al interés común” comenzaba diciendo.

Y es que, como aseguraba, la acusación popular en cualquier procedimiento es fundamental “porque permite que los ciudadanos podamos participar de la acción de la justicia, por eso la Constitución consagra esta posibilidad”.

“Cualquier persona, ante el conocimiento de un delito pueda denunciar y ser parte del proceso y eso ha permitido que delitos graves de corrupción fueran perseguidos, es no dejarlo todo a que acuse el Ministerio Fiscal” aseguraba.

Por eso, considera que esta medida “frena de una manera muy desproporcionada la capacidad de expresarse los jueces. Los jueces están llamados a ser responsables en el ejercicio de sus manifestaciones, así deberían hacerlo, ahora bien, pretender excusarse en eso para amordazar de manera colectiva a los jueces no parece nada sensato en una democracia” defendía.

También ponía el foco sobre el papel de la prensa en estas acusaciones populares, ya que el papel de la prensa es sacar “a la luz los hechos, informar. Luego estará el papel de los órganos judiciales si los hechos de los que son acusados son verosímiles o no, eso vendrá después. No se puede, de partida, que el conocimiento venga de los medios ejerza un límite. Importa si es verdad o no y si debe perseguirse” expresaba.

Además, hablaba sobre la supresión del delito de ofensas religiosas. “En relación con los delitos que tienen que ver con expresión, un terreno delicado, no todo lo que ofende debe ser constitutivo de delito, pero si revisamos los delitos que tienen que ver con la ofensa y el odio, llama poderosamente la atención que solo se ponga el foco en esta norma, en este delito, si lo que significa es proteger la libertad de expresión, se debería hacer una revisión en conjunto. Está orientada en influir en los procesos que están en curso en este momento” decía.

Y sentenciaba, “haremos lo posible por que esta iniciativa no acabe fructificando en una norma”.