Tras concederse el tercer grado al asesino de su padre: "Tengo una decepción absoluta, el Estado de Derecho no se respeta"

"No se debería haber dado la semilibertad, no han colaborado con la justicia", así de tajante ha sido Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, en 'El Cascabel' de TRECE, tras la autorización del tercer grado al etarra Harriet Iragi, condenado por los asesinatos del edil del PP en Málaga José Martín Carpena y el fiscal Luis Portero padre de Daniel.  Además ha explicado en que "no ha existido ningún tipo de arrepentimiento" por parte de los asesinos y que se "siente muy decepcionado por que el Estado de Derecho no se respeta". 

Además el Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite ha criticado este martes que la nueva consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, haya autorizado la concesión del tercer grado penitenciario a dos presos de ETA que “no están arrepentidos”.

Covite se ha referido, en un comunicado, a la progresión de grado del miembro de ETA Luis Mariñelarena, condenado por participar en los asesinatos de Fernando Buesa y Jorge Díez Elorza, y de Harriet Iragi, condenado por los asesinatos de José María Martín Carpena, Luis Portero y Antonio Muñoz Cariñanos.

Esta asociación de víctimas ha señalado que ninguno de los dos “cumple con el requisito fundamental exigido por la ley para progresar en grado, que es el de arrepentimiento por sus crímenes”.

Covite ha explicado que ambos presos “son exhibidos constantemente por la izquierda abertzale, principalmente por Sare, pero también por el propio Sortu”, lo que constituye, a su juicio, una prueba de que no están arrepentidos, ya que “es público y notorio que la izquierda abertzale prohíbe a los presos de ETA el arrepentimiento y la colaboración con la justicia”.

Esta organización ha reprochado a la nueva consejera que haya decidido continuar con la política de concesión de terceros grados a etarras no arrepentidos que puso en marcha el PNV en la anterior legislatura.

Ha recordado que San José prometió en el Parlamento Vasco que “impulsaría un cambio en la política penitenciaria con los presos de ETA”, por lo que la concesión del tercer grado a estos dos etarras constituye una “decepción total”.

“Teníamos esperanzas de que su intención de revertir esta política fraudulenta del PNV fuera sincera”, ha afirmado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.

En su opinión, los miembros que ETA que deseen beneficios penitenciarios deben deslegitimar públicamente la violencia de la organización terrorista y no solo firmar una carta.

Tras criticar que ningún partido, tampoco los de la oposición, diga “absolutamente nada de este fraude que afecta muy directamente al derecho a la justicia de las víctimas”, Covite ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que “recurra estos dos últimos terceros grados para que se puedan revertir”.