Bustinduy, sobre el expediente a Alquiler Social: "La gente debe denunciar"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha animado a los españoles a denunciar prácticas abusivas en los alquileres tras el anuncio de la apertura de un expediente sancionador a Alquiler Seguro por imponer el pago de honorarios a inquilinos.

Se trata de una práctica prohibida por la actual legislación de vivienda que la asociación de consumidores Facua denunció en noviembre de 2023 tras sospechar que la inmobiliaria obligaba a los inquilinos a abonar el equivalente a un mes de renta más el 21 % de IVA, aludiendo a un "servicio de atención al arrendatario".

"Animo a que toda la gente denuncie cuando, intentando buscar un piso, les quieran imponer el cobro de honorarios y servicios no solicitados porque ningún modelo de negocio puede estar por encima del derecho a la vivienda", ha denunciado Bustinduy en unas declaraciones a la prensa en Barcelona.

Asimismo, ha instado a transmitir estas denuncias al Sindicato de Inquilinos, a las organizaciones de consumidores y a las autoridades de consumo municipales y autonómicas.

El ministro ha apuntado que su cartera tiene actualmente otros dos expedientes sancionadores abiertos en materia de vivienda: uno a una gran plataforma de pisos turísticos por la publicidad ilícita de pisos sin licencia y otro a empresas que son grandes gestoras de pisos turísticos que se hacen pasar por particulares.

En un comunicado, el Sindicato de Inquilinos ha subrayado que el caso de Alquiler Seguro "no es aislado": "Las inmobiliarias aprovechan de forma generalizada la vulnerabilidad de las inquilinas para imponer cláusulas abusivas, como honorarios o la contratación obligatoria de servicios no solicitados".

La entidad ha criticado que las leyes y sanciones aprobadas hasta ahora "no han servido para frenar esta estafa a gran escala" y ha asegurado que cada semana le llegan situaciones que repiten el mismo patrón.

"El caso más flagrante que hemos tratado es el de una administradora de fincas de Barcelona que se vio obligada a devolver más de 200.000 euros cobrados ilegalmente a sus inquilinas tras nuestra intervención", ha concluido.

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