Los economistas cuestionan el Pacto de Toledo

Tenemos un problema con las pensiones. Lo sabemos. Y va a más. Basta sólo ver los datos. La Comisión Europea estima que en 2050 el número de pensiones en España aumentará desde los 9,6 millones actuales hasta los 15 millones. Para mantener las futuras prestaciones en términos similares a los de ahora (en relación al salario medio) será necesario duplicar prácticamente los empleos. Se necesitarán casi 14,5 millones de puestos de trabajo adicionales. En este momento, los ocupados apenas superan los 18 millones. De cumplirse las proyecciones de Bruselas el déficit del sistema aumentará del 1,6% del PIB al 6,3% a mediados de siglo. Es decir, hablamos de un agujero de unos 70.000 millones de euros.

A la vista de estas cifras desde el Consejo General de Economistas piden “actuar con urgencia”. El informe “Las pensiones en España” que ha publicado concluye que tenemos que repensar el sistema y que “no hay hoy una solución clara”. “Son necesarios muchos productos del botiquín”, según su presidente Valentín Pich. Algunos expertos que han colaborado en el estudio apuestan por ejemplo por financiar parcialmente las prestaciones con impuestos y otros creen que eso supondría romper el principio de contributividad, que sería mejor plantearse un ajuste de las pensiones en función de las disponibilidades. Igualmente, mientras que unos ven factible que una mejora del entorno económico pueda compensar una demografía adversa, otros lo consideran un elemento de probabilidad muy baja y entienden que la transición a un sistema de cuentas nocionales podría ser la vía. También hay discrepancias a la hora de abordar cuánto hay que flexibilizar el sistema para hacerlo viable.

El Pacto de Toledo, “estéril”

El director del documento, el catedrático Guillem López-Casasnovas, ha sembrado la polémica al asegurar que "la magnitud del problema es tan grande en estos momentos que dejarlo a debate en el Pacto de Toledo a mí me parece muy atrevido". Ha añadido que "la inoperancia o la buena voluntad sin fruto (del Pacto de Toledo) hace para los académicos desconfiar de que sus señorías nos van a resolver este problema". Asegura que hasta ahora sus trabajos han sido “estériles”.

Sus palabras no han sentado bien al Gobierno, al secretario de Estado de la Seguridad Social que ha acudido a la presentación del informe. Octavio Granado ha puesto en valor los trabajos de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, y ha confiado en que cuanto antes ofrezcan un acuerdo en sus recomendaciones.

Esta comisión lleva dos años buscando el consenso y la unanimidad, pero la revalorización de las pensiones con el IPC real y el empeño de algunas formaciones por introducir otras variables como salarios o PIB está minando la capacidad de diálogo.

Granado cree que el sistema de pensiones "tiene arreglo" para los próximos 10 años, pero ha dejado claro que vincular la revalorización de las pensiones a un único indicador "causa siempre efectos perversos". El futuro del sistema, ha dicho, pasa por implantar una mayor flexibilidad y por medidas para colectivos individuales, así como por ampliar el cómputo de la pensión a toda la vida laboral, recortar los elevados tiempos de las prestaciones por incapacidad temporal.