Montero reabre el debate de la financiación autonómica con una reforma basada en la población ajustada

El debate en torno a la financiación autonómica vuelve a estar abierto. Este viernes, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha enviado a las comunidades autónomas, una propuesta de cálculo de dicha financiación que reforme la actual y cuyo pilar pasa por el criterio de la población ajustada.

"Hacienda entiende que es necesario mejorar la fórmula de cálculo y reparto por tipología de gasto. Actualmente, se dispone de más y mejores datos estadísticos que cuando se aprobó el modelo vigente en 2009. Por lo tanto, es posible apostar por un cálculo de población ajustada más realista, sofisticado y con mayor estratificación", apunta Hacienda junto al informe de 240 páginas en el que se incluyen una serie de variables que tienen en cuenta la población, como criterio principal.

Puntos clave de la reforma de Hacienda

En sanidad, el indicador pasaría de 7 a 20 grupos por tramos de edad quinquenales con el objetivo de determinar un coste sanitario más real por cada franja. Además, se pretenden mejorar los datos y las fuentes de información, teniendo en cuenta, por ejemplo, la distribución del gasto asistencial relativo a los servicios hospitalarios y especializados, primarios de salud, farmacia, prótesis, traslados y otros.

El segundo punto que ha querido destacar Montero es la educación. El documento plantea varias opciones para el cálculo del gasto, buscando conocer las preferencias de las autonomías. Se trata de diferentes evaluaciones de las necesidades de la población universitaria, no universitaria, de Formación Profesional y procedentes de otras comunidades.

En cuanto a servicios sociales, el actual grupo de población de 65 y más años se dividiría en dos, de entre 65 y 79 años y mayores de 80 años, buscando adaptar mejor la realidad del gasto. La novedad principal en este ámbito es que se incluyen los parados sin prestación. En el resto de servicios la propuesta es mantener la estructura actual respecto a esta variable, de modo que se mediría teniendo en cuenta la población total empadronada.

Por otro lado, el documento hace referencia a variables correctivas no poblacionales, entre las que está la superficie, que se ponderaría en kilómetros cuadrados (a mayor extensión, más gasto). En la despoblación se contemplan diversas fórmulas de cálculo, como tener en cuenta la población necesaria para que cada provincia alcance la densidad media -sin incluir poblaciones con más de 75.000 habitantes- lo que permitiría reforzar el resultado de las comunidades más despobladas.

En el caso de la dispersión se plantean dos posibilidades, bien considerar como población habitada áreas cuyas edificaciones y viviendas pueden ser perfectamente identificadas sobre el terreno y son conocidas por una denominación, bien conjuntos de al menos 10 edificaciones que forman calles, plazas y otras vías urbanas. Por su parte, la insularidad se ponderaría en kilómetros de distancia a la península.

Por último están los costes fijos, que son otra de las novedades, que podría afectar a las siete comunidades de menor población y que, por lo tanto, tienen mayores dificultades de alcanzar economías de escala y los costes fijos tienen un mayor impacto para ellas.

Reacciones de las Comunidades Autónomas

El documento recibirá, a partir de ahora y hasta finales del mes de enero, las aportaciones y observaciones de las distintas comunidades autónomas, aunque las primeras reacciones no han tardado en llegar.

El Gobierno andaluz de PP y Cs ha calificado de "huida hacia adelante" la propuesta y ha criticado que no recoja el fondo transitorio compensatorio para evitar las desigualdades entre las regiones. Apunta también el Ejecutivo autonómico que el Gobierno central "ha excluido" la financiación autonómica y el Fondo Covid del orden del día de la próxima Conferencia de Presidentes que se celebrará en La Palma, lo que ve una "muestra más de la falta de interés"

Desde Cataluña, la Generalitat "estudiará" la propuesta y subraya que "la infrafinanciación y el déficit fiscal difícilmente se podrán corregir con un nuevo modelo de financiación" autonómica. Si bien recela del concepto "población ajustada", ya que considera que "sus criterios no se ajustan a la realidad de Cataluña".

Por su parte, el Gobierno valenciano considera que la propuesta se aproxima más a las necesidades de gasto que tienen las comunidades y valora que aumente el peso de variables como la sanitaria, la educativa y la de servicios sociales. En un primer análisis del documento, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha afirmado que, aunque el criterio de reparto es una de las claves del sistema, no es la totalidad del modelo, y ha señalado que pese a que es un avance muy significativo, se podrá evaluar de forma conjunta el impacto real para la Comunitat Valenciana cuando se conozca el diseño final.

Desde el Gobierno de Cantabria, su presidente, Miguel Ángel Revilla, ha anunciado estudiará "con detenimiento" la propuesta, pero que "en principio", le suena "mal" y "no le gusta", ya que sigue defendiendo que se priorice el coste efectivo de los servicios. En este sentido, ha afirmado que Cantabria y el resto de las comunidades que el pasado 23 de noviembre participaron en la Cumbre de Santiago de Compostela defenderán esta postura de forma "muy firme" ante el Gobierno de España ante la "batalla" que, a su juicio, van a presentar las grandes comunidades para seguir "presionando" al Ejecutivo.