Interior se aferra al cumplimiento de la ley y evita hablar de acercamiento de presos de ETA

Con una ETA derrotada, a un año y medio de las elecciones y una estabilidad parlamentaria cogida con alfileres, tanto en Moncloa como en el Ministerio del Interior no quieren ni oir hablar de un hipotético “acercamiento” de presos de ETA. “Sería nuestro suicidio político”, dice una fuente cualificada en la calle Génova, sede central del Partido Popular, mientras que desde Ciudadanos, el partido que les está comiendo a dentelladas la tarta de la derecha, se vuelve a lanzar un mensaje contundente: “Dejar de matar no puede tener premio”. Fue la respuesta del diputado Juan Carlos Girauta ante un posible traslado de presos de la banda y tras asistir este jueves a la ultima reunión del pacto antiterrorista presidida por el ministro Juan Ignacio Zoido.

El titular de Interior solo tiene una respuesta ante cualquier pregunta sobre posibles cmabios en la politica penitenciaria: “Aplicación estricta de la ley”. Y es que, según aclaran a COPE fuentes políticas y jurídicas, el traslado de prisión es una prerrogativa que depende en primera instancia de la administración penitenciaria. El preso tiene la opción de recurrir esa decisión por la vía judicial de lo contencioso-administrativo. Serían por lo tanto los tribunales superiores de Justicia del lugar en el que se encuentre cumpliendo condena los competentes para resolver los recursos.

Destacados miembros de la banda como Francsico Mugica Garmendia 'Pakito', Juan Antonio Olarra Guridi, Jesús Arcauz o Josu Mondragón intentaron en 2015, gracias a un recurso del preso Carlos Trenor que afectaba a un total de 18 etarras, jugar la carta de la Audiencia Nacional pero la iniciativa fue rechazada. Plantearon un recurso ante el juez de vigilancia penitenciaria alegando una vulneración de sus derechos fundamentales, no solicitando únicamente un acercamiento a prisiones próximas a sus domicilios. El juez lo rechazó y recurrieron a la sección primera de la Sala de lo penal de la Audiencia. Una sesión especial de los seis magistrados ratificó la denegación, aunque contó con un voto particular del magistrado Ramón Sáez que apoyo la petición de los terroristas.

Los medios jurídicos consultados por COPE recuerdan que es la administración la responsable de gestionar la política carcelaria y que el juez de vigilancia penitenciaria solo tiene una función “revisora”: comprobar que no se ha cometido ninguna ilegalidad. Estas fuentes insisten en un planteamiento parecido al del Gobierno, aunque con matices: “Cumplimiento de la Ley, teniendo en cuenta las condiciones específicas de cada penado”. Sobre la opción de aplicar posibles beneficios establecen cuatro imperativos: Estar fuera de la banda (lo que parece más fácil tras su desaparición), pedir perdón, asumir el acto delictivo que cometió y sus consecuencias y una disposición clara a hacer frente a la responsabilidad civil. Sobre la exigencia de colaborar en el esclarecimiento de delitos aún por resolver son más cautos: “Siempre y cuando se tenga la seguridad de que dispone de esa información”.

Medios penitenciarios consultados por COPE aseguran estar expectantes ante los próximos movimientos que se puedan producir en el colectivo de presos de ETA. Lo que se les está pidiendo, al menos en el ámbito judicial, es similar a lo que ya se hizo con la llamada vía 'Nanclares'. Saben que los tribunales y los jueces serán al final el destino de sus recursos si el Gobierno deniega sus peticiones. Menos de media docena de internos han planteado ya ante el juez una progresion de grado, y poco más. No obstante, se da por hecho que habrá noticias a no mucho tardar.

Las víctimas no quieren ni oír hablar de la más mínima concesión y este jueves también se lo dejaron claro al presidente del Gobierno. Rajoy y su ministro del Interior no dudan: en tiempo de crisis no hacer mudanzas. Por las víctimas... y por las urnas. El PNV hará lo imposible para que eso no sea así.