Miles de personas se manifiestan en Valladolid para mantener los colegios de educación especial

Cerca de 5.000 personas se han manifestado este sábado en las calles de Valladolid para protestar por el "cierre" de colegios de Educación Especial ante el posible trasvase de los alumnos al sistema ordinario, una medida que contempla el proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación, también conocida como 'Ley Celaá'.

La protesta ha sido convocada por la Plataforma 'Educación Inclusiva Sí, Especial también' y es la primera que se organiza contra esta medida del Ejecutivo. El presidente de la misma, José María Escudero, ha señalado que en este momento, miles de familias "no se sienten representados" por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) estatal, que defiende el cierre de los colegios de Educación Especial. De salir adelante la enmienda presentada por el CERMI para clausurar estos en España en 2025, los alumnos con discapacidad intelectual "se verían obligados a asistir a un colegio ordinario, donde carecerían de los apoyos, los medios y la formación que podría ofrecerles la Educación Especial", ha explicado Escudero.

Encabezados por una pancarta que reivindicaba el 'No al cierre de los colegios de Educación Especial' y recordaba que 'La Educación Especial es una herramienta de la inclusión social', familiares, profesores y alumnos de estos centros han unido sus voces para reclamar tanto al Gobierno como al CERMI que se tenga en cuenta su opinión para mantener estos colegios. Así lo ha explicado la presidenta de la Asociación de Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras de Castilla y León, Yolanda de la Viuda Caballero, quien ha reiterado en el "no a la enmienda 502".

Además, ha apuntado que la manifestación supone también una invitación al pacto político para "respetar" los colegios de Educacuión Especial. "Ahora mismo, las familias no tienen nada de tranquilidad ante un panorama político a 'cuatro días' de elecciones autonómicas y nacionales", ha advertido la presidenta. Entre las reivindicaciones políticas de los manifestantes, De la Viuda ha destacado que "no solo se escuche al CERMI, sino también a las familias que necesitan que los centros de Educación Especial continúen con su labor" porque son "la joya de este país".

Por otro lado, en respuesta a las voces que consideran este modelo educativo "segregador", ha manifestado un rotundo "no al cierre de los colegios de Educación Especial", pero también un categórico "sí" al apoyo a los centros ordinarios, "donde también aprenden muchos niños con discapacidad". En este sentido, la directora del Museo de la Ciencia de Valladolid, Inés Rodríguez Hidalgo, quien conoce este tema "de primerísima mano", ha advertido de que "es una falacia afirmar que la Educación Especial no es inclusiva, porque entrena a los niños para incluirse en la vida" y teme que se utilice este asunto como "arma política".

"Las administraciones hablan de la Educación Especial desde el "profundo desconocimiento", ha apuntado, pues "se está dando una imagen confusa y alarmista". A su juicio, es inviable empezar por el cierre de colegios en lugar de garantizar que los servicios que ofrecen los centros especiales se den también en los ordinarios. No obstante, confía en que surja un "ataque de inteligencia entre aquellos políticos que aún están sin diagnosticar". En concreto, el proyecto normativo señala que "el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas" debe desarrollar "un plan para que en el plazo de diez años" se logre ese objetivo de acuerdo con el artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

"Las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios", se añade en la 'Ley Celaá'.

En España hay 37.136 alumnos matriculados en centros de Educación Especial este curso 2018-2019, el 0,45% de la población escolar, que asciende a 8,17 millones de alumnos. El 59,6% en los 191 colegios públicos, mientras que el 40% restante son atendidos en los 280 centros concertados. Además, hay 8.232 profesores, según los últimos datos del Ministerio de Educación, recogidos por Europa Press.

De forma paralela, hay 1,89 millones de alumnos con necesidades educativas especiales matriculados en centros ordinarios (el 23,1% de la población escolar), a los que se les adapta los currículos y los métodos de enseñanza. Se trata de un grupo muy heterogéneo, pues no solo lo integran alumnos con discapacidad, sino niños con déficit de atención, dislexia, trastornos de conducta o altas capacidades.

En los centros de Educación Especial se imparte Educación Infantil adaptada a las necesidades y competencias individuales de niños de entre tres y cinco años y Enseñanza Básica Obligatoria desde los seis años hasta los 16/18 años --dividida, a su vez, en Primaria (6-12 años) y Secundaria Obligatoria (13-16/18 años). A partir de los 17/18 años hasta los 21, los alumnos pueden matricularse en Programas de transición a la vida adulta, con una oferta formativa orientada a facilitar la autonomía personal y la integración social y laboral.