Asturias endurece la regulación de los pisos turísticos: sanciones de hasta 100.000 euros

Tal y como se esperaba, el Consejo de Gobierno del Principado ha aprobado este viernes la nueva regulación de las viviendas de uso turístico en Asturias. Una norma que endurece los requisitos y controles para poner en marcha estos pisos e impedir, así, la masificación que ya sufren otras comunidades.

A partir de la entrada en vigor de la nueva ley, se establecerán nuevos requisitos, como la obligación de contar con el visto bueno expreso de la comunidad o que las viviendas sólo se puedan alquilar íntegramente, no por habitaciones. También se reforzará la inspección y se elevan las sanciones, que irán de los 1.500 euros para las faltas leves, hasta los 100.000 para las muy graves.

Lla vicepresidenta del ejecutivo, Gimena Llamedo, espera que el parlamento la ratifique con rapidez, para que "la ley pueda entrar en vigor este verano" ya que el anteproyecto "recibió el apoyo unánime del Consejo Asesor de Turismo, en el que hay representantes de todos los partidos políticos, agentes sociales, la Universidad y, también, los ayuntamientos".

Esta reforma es la cuarta desde que la norma se aprobó hace más de 20 años y se adapta a los cambios legislativos impulsados a nivel europeo y estatal. Estos son algunos de los aspectos más destacados:

El proyecto normativo recoge varias limitaciones, por ejemplo, establece que las viviendas de uso turístico deberán alquilarse íntegramente; es decir, que no podrán contratarse por habitaciones. También tendrán que cumplir determinados requisitos de accesibilidad y sostenibilidad. Además, ningún piso sometido a régimen de protección pública o protección oficial podrá comercializarse como vivienda de uso turístico.

Esta actividad económica tendrá que contar con autorización expresa de las comunidades de vecinos, que podrán impedir el establecimiento de este tipo de negocios en sus edificios si así se establece en los estatutos de la comunidad o por acuerdo de la mayoría. El plazo para cumplir este requisito es de seis meses.

Por otra parte, estos pisos deberán exhibir en un lugar destacado y visible una placa identificativa de su condición de VUT, así como su número de inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado. También deberán mostrar estas identificaciones en todas las páginas web y en cualquier soporte físico en el que se promocionen. Esta medida está relacionada con las acciones que viene impulsando el Gobierno de Asturias para la detección de los negocios ilegales, uno de los principales objetivos de la nueva normativa.

A finales de 2023, en Asturias había registradas 5.696 viviendas para turistas (2.016 vacacionales y 3.680 de uso turístico), según figura en el estudio que está elaborando un equipo multidisciplinar de la Fundación Universidad de Oviedo. En el período de 2010 a 2019 se incorporaron una media de 250 nuevas viviendas turísticas al año, cifra que se ha disparado hasta las 605 desde 2020 hasta ahora.

Las medidas de inspección se incrementan para garantizar el cumplimiento de la normativa. Para ello, ya se ha creado un servicio específico que prestará especial atención al intrusismo, la clandestinidad y la oferta ilegal. De forma paralela, la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo trabaja en el diseño de una herramienta digital para la detección de negocios irregulares.

El anteproyecto establece un nuevo abanico de multas en función de la gravedad de la infracción, cuya cuantía se incrementa en todos los tramos:

Las sanciones también pueden conllevar la clausura de establecimientos.

La reforma incluye el concepto de zona turística protegida para aquellas áreas en las que se superen los niveles máximos de oferta y demanda, tanto de actividades como de establecimientos, o donde se pongan en riesgo el medio ambiente o los recursos turísticos básicos. Estas zonas podrán circunscribirse a un concejo, limitarse a algunas partes del mismo e incluso incluir más de un municipio.

La declaración de estas zonas será competencia del Consejo de Gobierno y deberá de ir acompañada de un programa de medidas protectoras.

Para favorecer la cogobernanza, las entidades locales podrán establecer ciertas limitaciones en estas zonas de especial concurrencia por razones de interés general.

La modificación obligará a contratar, con carácter general para todas las empresas del sector, con un seguro profesional de responsabilidad civil. Asimismo, cualquier acción de comercialización, tanto en soporte físico como en digital, deberá incluir el número de inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado.

La declaración responsable de conocimiento y cumplimiento de los requisitos exigibles que debían presentar los propietarios de pisos turísticos con antelación al inicio de la actividad únicamente se podrá tramitar a partir de ahora por vía electrónica, para mejorar su control y seguimiento.

Las compañías turísticas que ya funcionan tendrán seis meses para adaptarse a todos estos cambios, una vez entre en vigor la ley. El incumplimiento de los requisitos establecidos conllevará la salida del registro y la imposibilidad de ejercer la actividad en un periodo de seis meses a cuatro años.