900 millones de euros. Esa es la cifra del sobrecoste de prestar servicios en Galicia: es decir, lo que cuesta de más prestar los servicios públicos en la comunidad gallega debido a criterios de envejecimiento y la dispersión de la población.

Se trata de cálculos de la Consellería de Facenda, de la Xunta, y que pondrán sobre la mesa en las conversaciones con el gobierno central y resto de comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Y es que sigue el debate sobre el sistema de financiación autonómica.

¿En qué repercute esta negociación a la ciudadanía? Pues de la reforma que se pacte saldrán los criterios de reparto de los fondos: los recursos que garantizan una buena sanidad o educación.

El foro económico de Galicia es un organismo formado por investigadores, profesores, empresarios… para aportar sus conocimientos en materia económica y en beneficio de la sociedad.Este foro tiene mucho que decir en todo este debate de la financiación autonómica.

Ahora que se defiende una “singularidad” para Cataluña, una especie de cupo catalán tendría consecuencias para todos. Dicen estos especialistas que rompería el sistema. Un sistema de equilibrio territorial en el que ya no contribuyen País Vasco y Navarra, algo que para el foro es una anomalía: "Necesitamos una reforma que vuelva a encajar todas las piezas del puzzle. Si echamos la vista al conjunto de estados federales, no hay ningún país que haya renunciado al control tributario del territorio y aquí, aunque no lo llamemos Estado federal, sí actúa como tal. Hay dos comunidades, pequeñas, pero que no participan del sistema. La Constitución española nos habla de una solidaridad interterritorial para que cualquier español, sea cual sea la comunidad en la que vive, tenga acceso a servicios aceptables. Para eso se ha diseñado un sistema de nivelación para el reparto de recursos. Si extendemos que otras comunidades no participen, rompemos el sistema".

Nos lo explica la economista María Cadaval. Le preguntamos si es posible atender a las singularidades de todas las comunidades autónomas. Esto es, encajar el puzzle para que no importe dónde nazca cualquier ciudadano español, que tenga unos servicios adecuados y aceptables. Esto es posible, entiende esta experta, con el modelo actual, pero ajustándolo: "Es que los cálculos se hacen en términos de población ajustada. Es decir, en función de unos criterios que ya se tienen en cuenta, pero que hay que volver a ponderar porque la realidad desde 2009 ha cambiado de manera significativa". Y esta especialista insiste en que no cuesta lo mismo prestar unos servicios para una población joven, por ejemplo, que envejecida.

En relación con el concierto vasco y el convenio navarro el documento en el que ha trabajado esta economista junto a otros expertos, afirma que “representan una anomali?a sin parango?n en el panorama internacional”. Los expertos advierten que La eventual extensio?n de este modelo a otras CCAA “implicari?a una redistribucio?n de los flujos fiscales que acabari?an por configurar un sistema totalmente diferente del actual y que, posiblemente, amenazari?a la viabilidad futura del pai?s”. Por ello, “es esencial prevenir y evitar que los tratamientos asime?tricos sean la semilla de futuros problemas y generen sentimientos y realidades de agravio, de forma que cualquier solucio?n de reforma que se adopte debe ser aceptada desde el a?mbito de cada comunidad, pero tambie?n desde la perspectiva del conjunto del sistema”. Recomiendan los académicos del Foro Económico la reforma e impulso del Fondo de Compensación Interterritorial con el objetivo de promover la convergencia económica y el reequilibrio territorial, sin perder de vista la eficiencia y la rentabilidad social de las inversiones públicas.

¿Qué propone la Xunta de Galicia? El Parlamento de Galicia volverá a crear una comisión encargada de dar forma a la propuesta gallega dentro de las negociaciones para reformar el sistema. La Xunta insiste en el rechazo a una singularidad catalana. El gobierno autonómico teme que cesiones del gobierno central sean una moneda de cambio para que el PSOE accede al poder en Cataluña.