Alquilan contenedores de mercancías como vivienda vacacional en Fuerteventura

El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y los ayuntamientos de la isla se han reunido para empezar a tomar medidas sobre el ocupamiento ilegal de suelo rústico en la isla majorera, con la proliferación de instalaciones no autorizadas en la zona como caravanas, casas prefabricadas e incluso contenedores de mercancías de los barcos que se usan como alquiler vacacional.

Es un problema que se extiende por todos los municipios, pero que afecta especialmente a La Oliva, Puerto del Rosario y Tuineje. Los primeros casos datan de 2015, pero en los últimos tiempos ha aumentado considerablemente su presencia, hasta el punto de que ya hay abiertos 300 expedientes.

Desde el cabildo majorero su presidenta, Lola García, reclamaba un plan de acción conjunto que también piden los ayuntamientos ante el problema que esto supone, con la degradación y deterioro tanto del territorio como del paisaje majorero.

García confesaba su sorpresa por algunas de las incógnitas que nos deja esta historia, como, por ejemplo, de dónde salen estos contenedores y quién los transporta lejos de su lugar natural, el puerto de la isla. Dentro no solamente se encuentran turistas, también hay casos de familias que no tienen otro recurso y viven allí.

Multas de hasta 150.000 euros

En este caso, la presidenta majorera reconoce problemas sociales, pero apunta a que estas personas no pueden residir allí, recordando, por otra parte, que los consistorios han comenzado a ceder suelo para facilitar la construcción de más viviendas. Se preguntaba en Herrera en COPE Gran Canaria, que pasaría en Fuerteventura si todo el que llega a la isla, usara a su conveniencia el suelo rústico. “Imagina en lo que se puede convertir la isla”, apuntaba.

De momento se está informando a las personas afectadas, aunque García advierte de que esto es solamente el primer paso. Hay una primera notificación, tras lo cual, si no retiran la instalación, se produciría un requerimiento y tras ello, se acudiría a los tribunales. Atentos a las sanciones porque su cuantía puede llegar a alcanzar los 150.000 euros.