"Los intereses personales de Pedro Sánchez pueden no ser los del presidente del Gobierno y Lo peor es que haya podido ser el fiscal general el que lo haya confundido"

Lo normal, cuando alguien acude a un proceso judicial, es que sean los jueces, los abogados y el fiscal los que haga las preguntas a los acusados. Pues bien, en España hemos llegado a tal esperpento, que estamos a punto de ver a todo un fiscal del Estado respondiendo como investigado en un delito de revelación de secretos. 

Álvaro García Ortiz declarará ante el Supremo el próximo 29 de enero. Te recuerdo el caso. Al fiscal general se le acusa de haber participado en la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso. En concreto, se filtra un correo electrónico con el contenido de la negociación entre este empresario y Hacienda ante un presunto fraude fiscal.

Esta información apareció en varios medios de comunicación entre el 12 y el 13 de marzo, justo en el momento en el que también se sucedían las noticias sobre la presunta mediación de Begoña Gómez para que diferentes empresas recibieran ayudas públicas.

La declaración del fiscal general es algo inédito en nuestra democracia, pero el juez del Supremo cree que hay indicios para presumir una “participación relevante” de García Ortiz en la filtración de ese correo de la pareja de Ayuso.

El fiscal, cualquiera, es el encargado de velar por los intereses de los ciudadanos o del Estado en un procedimiento judicial y es una de las personas que debe asegurar las garantías de ese proceso. El fiscal general es el máximo responsable de ese mandato en democracia.

Pero qué pasa si ese fiscal general acaba acusado de aprovechar su cargo para obtener información confidencial de un ciudadano particular y además filtrarla a la prensa para hacer mella en un rival político. En ese caso, ¿dónde queda el deber de velar por la justicia? ¿Qué pasa si ese fiscal general acabase condenado por revelación de secretos?

Parece mentira, pero después de 47 años en democracia,  estamos justo en el momento de plantear estas preguntas. Parece que hemos involucionado con el tiempo, pero si tiramos de fonoteca y recordamos la frase de Pedro Sánchez; “de quién depende la fiscalía”, todo esto, por increíble que parezca, se vuelve más creíble.

El 29 de enero se abre un nuevo capítulo inédito con la declaración de Álvaro García Ortiz en el Supremo y lo llamativo es que lo siga haciendo manteniendo el cargo de fiscal general. Hay que tener claro que el investigado es él y no la institución, pero en estas condiciones es inevitable meter todo en el mismo saco.

Confundir las personas con los cargos que ostentan puede llevar a pensar que los intereses de esas personas son los intereses del cargo y no es así. Los intereses personales de Pedro Sánchez pueden no ser los del presidente del Gobierno de todos los españoles. Lo peor es que haya podido ser el fiscal general el que lo haya confundido y por eso hoy estamos hablando de esto.